Ante las numerosas denuncias sobre irregularidades en la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

La Indagación preliminar se circunscribe al Contrato 0321 del 5 de diciembre de 2014, suscrito como resultado de la declaratoria de Urgencia Manifiesta efectuada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, mediante Resolución 1167 de 2014, con un plazo inicial de 6 meses

Según la entidad, este plazo era estrictamente necesario para tramitar el proceso reglado de selección. Sin embargo, la Contraloría evidenció que mediante otrosíes fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor adicionado en $7.222 millones sin que dentro del plazo de seis meses se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva. Así, el contrato pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones.

Llama aún más la atención que, dentro de las averiguaciones que efectuó la Contraloría, se tuvo conocimiento de comunicaciones cruzadas entre el Ministro de Justicia y del Derecho y el Director General del INPEC, que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos.

El principal punto de interés fiscal respecto a los hechos denunciados, radica en el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados (1.355, descontando 2.915 con novedades técnicas para mayo de 2015). 

El objetivo de la Indagación Preliminar radicará en probar ese pago en exceso, que se configuraría en daño patrimonial, por pagar servicios no recibidos.

Por otra parte, el 28 de enero de 2016, la Directora General (E) de la USPEC expidió la Resolución 0048 de 2016, por medio de la cual se declaró una nueva Urgencia Manifiesta para contratar directamente la prestación del servicio de vigilancia electrónica, para lo cual se celebró el Contrato 012 de 2016, con la misma empresa con la cual se venía ejecutando el contrato materia de investigación, por un monto de $19.458.126.336 y un plazo de 7 meses.

En ejercicio de sus funcionales legales, la Contraloría General de la República, declaró improcedente esta Urgencia Manifiesta, mediante Resolución ORD 043-2016, confirmada por la  Resolución ORD 045-2016.

La Contraloría reprocha la falta de la diligencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para tramitar un proceso reglado de selección que permita superar las limitaciones técnicas denunciadas por el INPEC, lo mismo que la decisión oficiosa de la USPEC, como entidad contratante, de aumentar el valor a reconocer por servicio de vigilancia electrónica día/equipo, de $13.529 a $20.664,96 para el nuevo contrato, lo que representa un incremento de más del 50%.

A todo lo anterior, se suman otras denuncias que han sido radicadas durante el presente año, así como la reiteración de las observaciones del INPEC  respecto a la deficiente supervisión de la USPEC en relación con el seguimiento al nuevo Contrato 012 de 2016, que  reafirman la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica con los que se está prestando el servicio en la actualidad.

Según las denuncias, e información institucional del sector justicia, el servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta.

El esfuerzo investigativo de la indagación preliminar que se abre se concentrará, en primera instancia, en el contrato finalizado y pagado.

La evaluación de la liquidación del contrato 0321 de 2014 entregará insumos para revisar la forma como se asumió el Contrato 012 de 2016, tema que se abordará en otra actuación de control fiscal, tomando como base denuncias ciudadanas, observaciones del INPEC y las conclusiones obtenidas por la Contraloría en desarrollo del control automático a la contratación celebrada por Urgencia Manifiesta.

Finalmente, la CGR indagó al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre el estado actual de la reglamentación del artículo 27 de la Ley 1709 de 2014, disposición legal que permite que los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, sufraguen con sus recursos el costo del dispositivo.

Después de dos años de expedida la norma, el Gobierno Nacional informa que continua estudiando la reglamentación, que en caso de ponerse en marcha, liberaría los cuantiosos recursos que en la actualidad se destinan para atender mediante vigilancia electrónica, a solo el 10% del total de la población con medida de aseguramiento extramural.